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Desmedido perativo en la fábrica recuperada RB de Martínez. Julio 2016. Foto: Charo Lorenzo

Los cacheos arbitrarios en la costa de Vicente López; las torturas y amenazas de muerte a un obrero de Tigre por parte de la Bonaerense y las continuas razzias que padecen jóvenes de barrios populares de ese distrito; la salvaje represión y detención que sufrieron los trabajadores de la fábrica recuperada RB, de Martínez. Son sólo algunos de los casos de violencia policial en Zona Norte, registrados este año en publicaciones periodísticas -varios de los cuales fueron dados a conocer por El Argentino ZN– y que fueron sistematizados por organismos de Derechos Humanos y de la sociedad civil.

Se trata del Relevamiento de Casos de Violencia Estatal (RECAVE) en todo el país, sobre las publicaciones realizadas en medios nacionales, realizado por primera vez por el Centro de Estudios en Política Criminal y DD HH (Cepoc), con la colaboración de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (AciFaD) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). Ante la falta de datos oficiales, este estudio viene a dar una radiografía de los abusos y violencias policiales en los primeros seis meses del gobierno de Cambiemos.

Los datos son contundentes: de un total de 113 casos relevados, los hechos de represión por parte de las fuerzas de seguridad a diferentes manifestaciones sociales representan el 17,7% de los casos, a los cuales hay que sumar que el 4,4% del total son episodios de represión a trabajadores ambulantes, según destaca el informe. Le siguen las detenciones arbitrarias, que ascienden al 13,3%. Con el mismo porcentaje se registran casos de muerte por gatillo fácil, que llegan al 13,3%.

Trabajador herido de bala de goma en desalojo de fábrica recuperada RB. Martínez, julio 2016.
Trabajador herido de bala de goma en desalojo a la fábrica recuperada RB. Martínez, julio 2016.

“Desde los primeros días de este año comenzamos a conocer distintas situaciones de violencia cuyos protagonistas eran las fuerzas de seguridad y policiales: excesivo e injustificado uso de armas de fuego; operativos de saturación policial; razzias; represión ante protestas sociales y sindicales; ingresos brutales a barrios; uso del ‘lancheo’ (delación forzada); controles injustificados de documentación; requisas personales sin causa en la vía pública; trato abusivo, hostil y amenazas; persecución ideológica en la vía pública, etc.”, señalaron en el informe.

Y agregaron: “Entendemos que estos hechos no suceden por decisión de uno o de algunos malos funcionarios públicos, sino que constituyen prácticas ilegales y cada vez más sistemáticas, sostenidas por el aparato del Estado de modo formal, a través de la elaboración de normas de baja jerarquía -resoluciones, decretos, instrucciones- pero de enorme efectividad, en tanto no son cuestionadas por el aparato judicial o incluso son avaladas directa o indirectamente por el sistema de justicia”.

Datos alarmantes

“Uno de los denominadores comunes en el relevamiento de estos casos tiene que ver con las facultades de ‘control’ de las fuerzas de seguridad en la vía pública. Así, detectamos que un 8% (9 de 113) de ellos tuvieron que ver con el desarrollo de operativos policiales desplegados sin una motivación aparente, y 5,3% (6 de 113) con detenciones por averiguación de identidad/antecedentes (DAI)”, destaca el documento presentado en las últimas horas.

El 2,7% de los casos corresponde a las denominadas “razzias” y un 3,5% a denuncias de personas que fueron hostigadas y perseguidas por las fuerzas de seguridad con cierta continuidad en el tiempo.

Sobre el total de los casos aquí considerados, en el 68,1% se utilizó la violencia física y en el 20,4% de ellos se incluyó también el uso de armas reglamentarias. Además, se observó que en un alto porcentaje de casos (un 49% de la muestra) la noticia periodística reflejaba el uso de la violencia verbal por parte de los funcionarios.

Fuente: Cepoc
Fuente: Cepoc

La Provincia de Buenos Aires, en tanto, se encuentra como el principal territorio donde ocurren estos abusos institucionales: solo en la franja del Gran Buenos Aires se concentra el 36,3% (41 de 113) de los casos. En un segundo puesto se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 24,8% (28 de 113). El resto de la Provincia de Buenos Aires, fuera de la parte ya consignada, registra el 13,3% (15 de 113) de los casos.

No es casualidad, entonces, que el informe destaque que es la Bonaerense la que se encuentra a la cabeza de las violencias registradas: alcanza el 23,9% (27 de 113). La Policía Federal le sigue con el 19,5% (22 de 113). Las policías provinciales y las locales, por su parte, protagonizaron el 15% (17 de 113) y el 9,7% (11 de 113) respectivamente de los casos de violencia estatal.

La preocupación de los organismos de DDHH

“Desde fines de diciembre, después del fallo del Tribunal Superior de Justicia de CABA, que declaró constitucional que la policía te pida documentos en la calle de forma discrecional, empezamos a percibir un endurecimiento de la vida cotidiana en la calle y numerosas denuncias en las redes sociales daban cuenta sobre la hostil actitud de la Policía: desde no permitir cruzar Plaza de Mayo con una remera con la imagen del Che Guevara, hasta detenciones arbitrarias por averiguación de antecedentes”, explicó a El Argentino ZN Claudia Cesaroni, abogada y miembro de Cepoc.

A raíz de estos casos, a mediados de enero tomaron la decisión de comenzar a hacer un relevamiento de los casos reflejados en los medios de comunicación. Para ello, tomaron como base tanto diarios (La Nación; Clarín, Página/12, Crónica, La Izquierda Diario) como agencias de noticias (Marcha, Cosecha Roja, Agencia de Noticias Paco Urondo, Agencia de Noticias Andar). A su vez, se incorporaron las noticias publicadas en el portal web de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional.

“No podemos comparar con otros años y ver si hubo aumentos de estos casos, tampoco se ven reflejados todos los casos, sino los publicados en medios nacionales. Pero lo que sí quedan claros los alertas que el informe nos otorga: nos preocupa la cantidad de casos de represión sobre la protesta social, de gatillo fácil, de detenciones arbitrarias, y de muertes en persecuciones policiales”, señaló Cesaroni.

Y añadió: “El dato más grave es que en el 68% de los casos la Policía utilizó violencia física, mientras que en el 20% de los casos hizo uso de armas de fuego”.

El relevamiento se realizó entre enero y junio de 2016.

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