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Carlos Castellano, en diálogo con vecinos de San Isidro. Foto: Prensa HCD

Carlos Castellano tiene 52 años y es la figura política más importante de San Isidro después del intendente Gustavo Posse, uno de los barones del conurbano que lleva casi 17 años gobernando el distrito. Con Posse comparte más de 30 años de militancia y amistad, según él mismo describe. Fue funcionario municipal durante el gobierno de Melchor Posse y de su hijo Gustavo, y desde 2014 preside el Concejo Deliberante, por lo que reemplaza al intendente cada vez que este se toma licencia.

Aunque no lo dice -ni quiere hablar de ello-, es uno de los primeros en la lista de sus posibles sucesores. Una posibilidad que se volvió fuertemente viable hace dos semanas, cuando la legislatura provincial convirtió en ley el fin de las reelecciones indefinidas. “La ley es buena, fortalece la renovación de los cuadros dirigentes en la Provincia, y me parece que también va a ser bueno para San Isidro”, le dice a El Argentino ZN en una entrevista mano a mano. Pero evita referirse a sus aspiraciones como candidato a intendente en 2019. “Falta mucho para eso. No es un tema de prioridad de agenda hoy: uno tiene que estar concentrado en los problemas que te plantea la sociedad, lo demás se da o no se da, y también tienen que ser decisiones colectivas”, dice, con su forma de hablar pausada, correcta y sin titubeos.

De convertirse en el sucesor del intendente en 2019, sería la primera vez en 36 años que gobierne San Isidro una persona que no lleva el apellido Posse.

Sanisidrense por nacimiento, hijo de un ferroviario y de una obrera de la fábrica de porcelanas Lodazur, de Villa Adelina, Carlos Castellano es abogado, y en su perfil resalta que trabaja desde los 12 años y que mientras estudiaba en el secundario Comercial de San Isidro, realizaba trabajos como jardinero. Tiene tres hijos y un carisma especial para relacionarse con las personas: se ocupa de atender a vecinos, organiza actividades culturales gratuitas en el Concejo Deliberante, lleva a los concejales a visitar las escuelas y siempre está refiriéndose a las cuestiones “sociales” como una variable transversal de la política.

Castellano con Gustavo Posse y su hija Macarena. La joven podría ser candidata a concejal en 2017.
Castellano con Gustavo Posse y su hija Macarena. La joven podría ser candidata a concejal en 2017.

Con una sonrisa casi constante, califica de “especulaciones” a los rumores que indican que la relación con el intendente no está en su mejor momento, debido a la intención de Posse de llevar a su hija Macarena, de 21 años, en la cabeza de la lista de concejales para las elecciones 2017. Para eso, mandó a un diputado bonaerense de su riñón, Walter Caruso, a presentar en la Cámara baja un proyecto para bajar de 25 a 21 años la edad mínima para ser concejal en el ámbito provincial. La estrategia le permitiría a Posse mantener al linaje de su apellido en el poder sanisidrense.

–  ¿Hay tensiones con Posse por su intención de llevar a su hija como concejal?

– No existen tensiones. Existen proyectos comunes para solucionar los problemas que reclama la gente. Esas son especulaciones periodísticas o de otros espacios políticos. En la vida hay negociaciones: desde acordar con los hijos qué se come o dónde se come, hasta qué actividades hacer con los amigos el fin de semana. Esto ocurre en la sociedad y está bueno que eso pase. Fundamentalmente somos un equipo que tiramos todos para el mismo lado, con muchos años de trayectoria y experiencia. Cuando llegan los momentos electorales, también se definen cuáles son los espacios que hay que ocupar y quiénes son los mejores candidatos. Y está muy bueno que los jóvenes también se sumen a la actividad política.

– ¿O sea que es un hecho la proyección de Macarena candidata?

– Es bueno para todos los jóvenes. El caso de Macarena toma mayor trascendencia porque es la hija de, pero hay cientos de jóvenes que tienen montones de méritos para aspirar legítimamente a participar de la construcción de la democracia en la Argentina, a participar e involucrarse en problemas comunes y a capacitarse en políticas públicas.

– Se terminaron las reelecciones indefinidas en el ámbito bonaerense, ¿qué opinión le merece?

– Es una ley buena. Nuestro espacio político adhirió en 2013 a ese proyecto. Me parece que fortalece la renovación de los cuadros dirigentes en los ámbitos provinciales, porque no es solamente para intendentes, sino también para legisladores provinciales, concejales, consejeros escolares. Habrá que adaptarse a esa realidad. Me parece que es bueno como concepto general y me parece que también va a ser bueno para San Isidro, no somos una isla.

Castellano preside el HCD de San Isidro desde 2014. Foto: Prensa HCD
Castellano preside el HCD de San Isidro desde 2014. Foto: Prensa HCD

– ¿Se viene Castellano candidato a intendente?

– Falta mucho para eso. No es un tema de prioridad de agenda hoy. Estamos a escasos 9 meses de haber asumido una nueva gestión y uno tiene que estar concentrado en los problemas que te plantea la sociedad. Lo demás se da o no se da, y también tienen que ser decisiones colectivas.

– En las últimas elecciones, precisamente, el possismo perdió en el HCD su histórica mayoría automática. Ahora, la posición de fuerzas es más equitativa y eso provocó que algunos proyectos no se aprobaran como pretendía el oficialismo. ¿Qué puede decir sobre eso?

– La democracia es fundamentalmente construcción de consensos. La verdad que en San Isidro, hasta cuando hemos tenido mayoría abultada de concejales del mismo espacio de gobierno, la mayoría de los proyectos también han salido por consenso. Estamos hablando de niveles de consenso ligados al 95%. Con lo cual, me parece que esa práctica en San Isidro está bastante fuerte. Mientras haya buena fe en los actores políticos, y no especulación… La mirada tiene que estar en el bien común, más allá de que haya opiniones distintas sobre cómo resolver los problemas.

– Hay una denuncia penal contra Posse y funcionarios del municipio por subejecutar obras del Plan Federal de Viviendas en villas y asentamientos de San Isidro. ¿Puede decir algo sobre eso?

– Acá nunca llegó formalmente ninguna denuncia. Lo que sabemos es por información que se ha distribuido en los medios, pero no tenemos certezas de que sea por incumplimientos nuestros. Lo que sí te puedo decir es que el Plan Federal de Viviendas era un programa gestionado fundamentalmente por Nación, con recursos de Nación, donde en muchos casos habían acuerdos en los que no contratabas por unidad de vivienda sino por cantidad de metros que se iban a construir. Esa cantidad de metros incluían no solamente en ladrillos para viviendas, sino en obras de infraestructura, como son asfaltos, desagües, cloacas, instalaciones de servicios básicos, como gas, energía, etc. Justamente porque hablamos de planes de urbanización, también se tenía en cuenta que muchas veces hacía falta incorporar centros de salud, o centros educativos o mejorar los existentes, con lo cual lo que yo tengo certeza es que la plata se invirtió socialmente en los barrios. Después si se hizo una casa más o una casa menos, y si eso era correcto o no era correcto es otra discusión, que tendrá que determinarlo el ministerio de Infraestructura de la Nación, o determinarlo la Justicia si se incumplió o no con esos programas. Lo que sí tengo certeza es que la plata se invirtió en cada uno de esos barrios.

“El fallo de la Corte le da la oportunidad al gobierno de corregir errores respecto de la emisión de algunas facturas”

– ¿Qué opina de los tarifazos?

– El primer punto es si como argentinos estábamos de acuerdo en que la tarifa era injusta, irrisoria y había un atraso tarifario en materia de servicios públicos. Yo creo que eso no lo niega casi ningún argentino. Había un atraso tarifazo que no lo pagaba la gente en forma directa, pero lo pagaba el Estado al que todos contribuimos. Y me parece que sincerar el tema tarifario es bueno, porque también me parece lógico y razonable que pague un poco más el que consume más. Después habrá que agregarle la mirada social: casos en lo que alguien que consume más quizás lo que tiene es un problema de accesibilidad o de ingresos para poder consumir algún otro servicio energético más económico. Entonces, habrá que reveer ese problema social y tratar de cubrirlo y resolverlo. Pero el concepto básico, me parece que casi el 90% de los argentinos decíamos que era una vergüenza pagar 20 pesos de luz por mes, cuando un paquete de cigarrillos cuesta 45 pesos, cuando una gaseosa vale 30 o pesos, cuando un café en un bar cualquiera vale 20.

– ¿Pero no fue muy brusco?

– Yo creo que habrá habido casos. En San Isidro, en las tarifas domiciliarias no hubo aumentos bruscos. Sí hubo aumentos bruscos en algunas actividades económicas, en algunos negocios de barrio, en los clubes, en algunos consorcios, pero no fue masivo. Me parece que el fallo que frenó el aumento lo que le da al gobierno es una oportunidad, primero para cumplir con las observaciones que le planteó la Justicia a través del fallo de la Corte, y me parece que le da la oportunidad de corregir si en el medio hubo errores respecto de la emisión de algunas facturas, sea porque aumentó de manera desproporcionada o porque no se tuvo en consideración alguna cuestión social que existía en medio de esa actividad, por ejemplo los clubes, las sociedades de fomento, los almacenes de barrio.

Presentando el programa Banca 25, que lleva al Concejo Deliberante a las escuelas.
Presentando el programa Banca 25, que lleva al Concejo Deliberante a las escuelas.

– San Isidro fue noticia hace poco por el caso de violencia policial contra Constanza Santos, que derivó en el tetazo masivo. ¿Qué opinión tiene sobre la actitud de las oficiales que no la dejaron amamantar?, ¿falta capacitación policial?

– Yo creo que falta capacitación en la sociedad argentina. No es un tema puntualmente de la policía que pudo haber intervenido en el caso de Constanza. Me parece que lo que da son oportunidades también: ante una actitud arbitraria de funcionarios públicos policiales se permitió visibilizar un derecho, que es el derecho de amamantamiento en cualquier ámbito, sea público o privado, por parte de las mamás, y del chico también, de acceder a ese derecho cuando tiene hambre. Y me parece que el hecho va a permitir que sean muy pocos los argentinos que no sepan que es un derecho, incluso aquellos que tienen una función pública. Por otro lado me parece que también fue una buena oportunidad para promover la lactancia materna, que es algo que desde San Isidro lo venimos trabajando desde hace muchos años: nuestro hospital materno infantil es un hospital que fue declarado por Unicef como un hospital amigo y promotor del amamantamiento. Me parece que siempre hay que mirar la otra cara, un hecho lamentable que podemos transformarlo en una acción positiva.

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