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La historia parece repetirse una y otra vez. Las familias de junqueros que conforman la cooperativa Isla Esperanza, que funciona desde 2010 en la primera sección del Delta, volvieron a sufrir un incendio con tintes de atentado. Sus viviendas, donde muchos vivían desde hacía 40 años, también fueron quemadas y tiradas abajo hace unos años, cuando el megaemprendimiento inmobiliario Colony Park amenazaba con terminar con sus tierras y con su vida isleña. Desde entonces, resisten, mientras se mantiene una orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que frenó el súper barrio privado. 

“¡Nos quemaron el galpón!”, dice Héctor Orlando Arroyo, de 68 años, al iniciar la charla con El Argentino ZN. “Nos quemaron todo: la máquina para hacer cortinas de juncos, unos 100 mazos de juncos que había adentro y que cuesta unos 5000 pesos, las bobinas de hilos, de tanzas, los cajones de las abejas, unos 300 libros de la cooperativa”, relata el hombre, que vivió durante 40 años trabajando con los juncos en el Delta, hasta que su casa fue tirada abajo en 2008 y tuvo que irse a vivir con su hija en San Fernando.

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El incendio ocurrió el domingo alrededor de las 19, en el galpón ubicado en el arroyo Anguila y Paloma, cuando ya estaba anocheciendo. Un vecino vio salir una lancha a toda velocidad, con tres personas dentro. Por detrás, las llamas de unos 7 metros, según relata Héctor e Ignacio Maestre, otro integrante de la cooperativa. En medio de la oscuridad y la rapidez de lo acontecido, el testigo sólo alcanzó a distinguir que se trataba de una lancha blanca y azul, con tres personas abordo.

“Fuimos ayer a hacer la denuncia a Prefectura, que está ahí cerca y que fue puesta por la jueza Arroyo Salgado precisamente para preservar la zona de conflicto, y resulta que dicen que no vieron ni escucharon nada”, denuncia Maestre, de 31 años y miembro de la cooperativa desde 2009. Y explica que ya en 2008, cuando las casas de los isleños que vivían en el lugar fueron quemadas y tiradas abajo, la Prefectura tampoco actuó.

Las familias de la zona, que hoy conforman la cooperativa, fueron desalojadas en 2008, cuando la empresa Colony Park SA, a la que los isleños vinculan con funcionarios del actual gobierno, empezó a construir lo que prometió un barrio de lujo de casi 400 hectáreas, y hasta llegó a vender lotes. Pero en 2011 el emprendimiento fue frenado por el Juzgado Federal 1 de San Isidro, de Arroyo Salgado, en el marco de una causa judicial que iniciaron los isleños afectados.

La cooperativa Isla Esperanza empezó a gestarse en 2009 y terminó de constituirse en 2010. Está conformada por 10 familias que, desde que intentaron echarlas, aprendieron a organizarse, luchar y resistir, y forman parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Desde su lugar de trabajo y organización, en el que también realizan apicultura y cultivan frutales, luchan contra el avance de megaemprendiemientos en la zona, y en defensa de los humedales. Hace poco, parte de esa movilización de la que participan ambientalistas y organizaciones sociales y políticas, lograron también que la jueza Arroyo Salgado detuviera la construcción de otro mega emprendimiento inmobiliario en Tigre: el famoso Remeros Beach, que pretende construirse en Rincón de Milberg.

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“En este contexto de lucha, gracias a la que venimos logrando varios frenos en la construcción de grandes barrios privados, sucede este incendio sospechoso. Es el punto álgido de una persecución que sufrimos desde hace tiempo: sufrimos robos extraños de herramientas de trabajo y hasta de frutales, que son nuestros productos. Un día llegábamos y los frutales no estaban, los habían sacado de la tierra”, cuenta Maestre.

Desde el MNCI, en tanto, repudiaron el accionar de Prefectura, a la que califican como “fuerza de choque” de Colony Park, al tiempo que atribuyen el atentado a la “creciente especulación inmobiliaria” en la zona. “La comunidad ha recibido todo tipo de amenazas y ataques, con el desenlace temerario del reciente incendio. Pero este ataque se encuadra en una serie de hechos violentos que se han ido sucediendo. La empresa que tiene público interés en apropiarse del territorio para la construcción de countrys es Colony Park S.A, empresa vinculada a funcionarios del actual gobierno, empresa que ha llevado a cabo una infinidad de acciones para imposibilitar la permanencia en el territorio de las 10 familias nucleadas en la organización”, señaló en un comunicado.

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