San Isidro: inspección ocular en la investigación penal contra Posse

San Isidro: inspección ocular en la investigación penal contra Posse

El fiscal federal Jorge Di Lello recorrió la villa Martín y Omar donde se construyeron solo 43 casas de las 250 que el gobierno nacional le financió al municipio. El gobierno del intendente recibió 400 millones de pesos para la construcción de 3246 viviendas en asentamientos de San Isidro. Pero no se construyó ni la mitad.

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Foto: Cristian Salles - Zona Norte Diario Digital

El fiscal federal Jorge Di Lello recorrió hoy la villa Martín y Omar, de San Isidro, en una inspección ocular para avanzar en la causa en la que investiga al intendente Gustavo Posse por no haber construido las viviendas por las que recibió 400 millones de pesos del Estado Nacional.

Se trata de una causa por presunta defraudación a la administración pública por la no ejecución de las viviendas en varios barrios precarios, por lo que Posse recibió más de 400 millones de pesos entre 2005 y 2007 para la construcción de 3246 viviendas. Pero no se construyó ni la mitad.

Así por ejemplo, en el barrio Martín y Omar, ubicado en el Bajo de San Isidro, el municipio debía construir unas 250 casas como parte del subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos del Plan Nacional de Viviendas, pero sólo levantó 43. Lo curioso es que la empresa constructora Emaco S.A., que tenía a cargo la construcción de las viviendas previstas para este barrio, tiene publicado en su página web que la obra se finalizó.

Lo mismo sucedió con otras villas y asentamientos, como La Cava, San Cayetano, Boulogne, Sauce y Uruguay, según destaca la investigación judicial que inició el fiscal federal porteño Jorge Di Lello en enero de 2015 contra Posse, contra dos miembros de su gabinete y contra empresarios vinculados a firmas contratadas para la implementación del proyecto.

“La causa está peritándose económicamente. Hicimos una inspección ocular a fin de determinar en el territorio los faltantes que hubiera. Después de eso esperamos tomar algunas testimoniales y estaremos en condiciones de hacer los pedidos correspondientes”, explicó Di Lello a Zona Norte Diario Online.

Y aseguró que probablemente tenga que llamar a Posse y otros funcionarios para tomarles declaración indagatoria. “Si corresponde se los llamará. En toda causa penal, previo a un procesamiento si es que hay un presunto delito, corresponde oír siempre a lo imputados en indagatoria”. Además, señaló que también está previsto llamar a vecinos como testigos.

La investigación surgió a raíz de una denuncia penal que realizó la concejal del FR Marcela Durrieu, quien aseguró además que de las 1882 viviendas presupuestadas para La Cava, sólo se habían construido unas 400.

La denuncia, a su vez, tuvo algunos antecedentes: en el 2009, la Defensoría del Pueblo de la Nación realizó un pedido de informes al Municipio de San Isidro sobre la ejecución del Plan Federal de Viviendas. En Municipio contestó que el “requerimiento no se ajustaba a la normativa” y no respondió nada de lo consultado. Poco después, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó un informe en el que destacaba el “incumplimiento manifiesto y continuado de las obligaciones que le competen al Estado nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de San Isidro (MSI) en materia de derechos humanos de los vecinos de Villa La Cava”. En él se resaltaba la “falta de acceso a la información”, pero también “la falta de instancias reales de participación de los vecinos en el diseño, ejecución y control del plan”, y la “arbitrariedad” en la aplicación de la pre-adjudicación de las viviendas.

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