Compartir

Tras el intento de detención de detención de Hebe de Bonafini, se multiplicaron las voces de repudio ante la decisión judicial y en apoyo a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Desde Zona Norte, organismos de Derechos Humanos de Vicente López, Escobar y Malvinas Argentinas, nucleados en la Red Provincial de Derechos Humanos de Buenos Aires, expresaron su “absoluto repudio” a la orden de detención emitida por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, y aseveraron en un comunicado que “el avasallamiento” sobre la figura de Hebe “es también un ataque a la democracia”. Desde Suteba Tigre, en tanto, calificaron el hecho como “grave” y aseguraron que se trató de “un acto de amedrentamiento y de crueldad”.

“La orden de detención que emitió el juez Marcelo Martínez De Giorgi es la muestra de que desde la asunción del gobierno de Cambiemos en Argentina se detiene a los militantes populares, mientras que se envía a su casa a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad en juicios realizados con todas las garantías de la Ley”, señala el comunicado de la Red, que entre otras entidades y organismos está firmada por las direcciones de Derechos Humanos de Escobar, Malvinas Argentinas y San Martín, y por la Casa de la Memoria Jorge “Nono” Lizaso, de Vicente López.

“La orden de detención es también una provocación del juez: se produjo cuando las Madres se aprestaban a realizar la histórica ronda que iniciaron en Plaza de Mayo hace 39 años, en los años más crueles de la dictadura cívico militar”, señala el comunicado. Y agrega: “Nos sumamos a la consigna popular que canta ‘Madre de la Plaza, el pueblo las abraza’. Y parafraseando a Hebe decimos: ‘Macri, Pará la Mano’. Porque ¡Las Madres no se tocan!”.

A su vez, Suteba Tigre también expresó su “repudio”: “Más allá de las diferencias que tuvimos y tenemos con Hebe de Bonafini respecto a muchos temas, la orden de detención en su contra constituye un hecho muy grave que no puede sernos indiferente”.

“Estos jueces, que nunca impartieron justicia ante los reclamos de las madres y los organismos de derechos humanos, ni investigaron o detuvieron a ninguno de los vaciadores que conoció el país en décadas, en dictadura y en democracia, carecen de autoridad moral”, agrega el comunicado. Y señala: “A sus 87 años, ordenar su detención por la fuerza, constituye un acto de amedrentamiento y de crueldad que está dirigido a todas y todos los que reclaman, se organizan y luchan”. Y calificaron esta medida como “una avanzada contra la histórica lucha por la memoria, la verdad y la justicia”.

Dejar una respuesta