La Justicia obliga a Vidal y Zamora a garantizar servicios en barrio...

La Justicia obliga a Vidal y Zamora a garantizar servicios en barrio Garrote

En el marco de una demanda por el cumplimiento de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, un fallo ordenó al Municipio de Tigre y al Estado provincial que garantice la limpieza, el acceso al agua potable y las cloacas para vecinos de Garrote, en un plazo de 60 a 120 días. Una medida que sienta precedente.

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Un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de San Isidro, firmado por el juez Luciano Enrici, obliga al Municipio de Tigre y a la Provincia de Buenos Aires a realizar acciones para garantizar –en un plazo de 60 a 120 días- los servicios urbanos básicos a los habitantes del barrio Garrote. La medida obliga a la intendencia de Julio Zamora -Frente Renovador- y a la gobernación PRO de María Eugenia Vidal a concretar la recolección de residuos, la fumigación, la limpieza del asentamiento y de las costas del río Luján y del Canal de San Fernando, así como a mejorar el sistema de saneamiento y la provisión de agua potable, considerada como un derecho humano. El fallo es trascendente porque se da en el marco de una demanda para exigir el cumplimiento de la Ley de Acceso Justo al Hábitat (LAJH).

En el barrio Almirante Brown, más conocido como Garrote, viven 800 familias. Hace dos años, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se inició una demanda contra el Municipio, la Provincia y la empresa TGLT, constructora del emprendimiento inmobiliario lindero Venice, denunciando que amenazaba con incrementar el riesgo de inundabilidad de la zona. El reciente fallo estableció que, mientras dure ese proceso judicial y durante el período de integración de Garrote al resto del tejido, el Estado municipal y el provincial tienen que garantizar los servicios urbanos y derechos básicos de los vecinos.

“Lo interesante es que esta decisión se da en el marco de una causa que busca el cumplimiento de la Ley de Hábitat. Hubo algunas experiencias en el marco de la Causa Riachuelo o de Villa Inflamable, pero fueron decisiones específicas para algún barrio, no en el marco de esta ley. Si ahora numerosos barrios empiezan a reclamar su cumplimiento, esta jurisprudencia puede generar un antecedente. Sería bueno que la Provincia tome nota acerca de la importancia de empezar a cumplir la ley”, destacó Diego Morales, Director del Área de Litigio del CELS, en diálogo con El Argentino ZN.

rsz_garrote_2“Este caso se inicia a principios de 2014. En el transcurso de estos dos años se fue acumulando información que permitió llegar a la resolución de esta semana. El juez, apoyado en un informe de la Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente, llegó a la conclusión de que mientras dure el proceso judicial de fondo, que es la vinculación de Garrote con todo el tejido urbano, se tienen que cumplir estas medidas”, explicó Morales. La ley provincial 14.449 de acceso justo al hábitat, sancionada en 2012 y reglamentada a fines de 2013, establece el derecho a la vivienda y a un hábitat digno para todos los ciudadanos, en especial aquellos en situación de pobreza.

Es una orden: limpieza, cloacas y agua

El fallo de Enrici repasa la información recabada desde 2014, a partir de informes ambientales, de datos aportados por los distintos niveles gubernamentales y de una inspección realizada a fines del año pasado. Entre otras cosas, el documento judicial señala “la presencia de gran cantidad de residuos esparcidos a lo largo de los pasillos internos del barrio –donde se ha constatado que no existen contenedores-, en el río y, en algunos casos, formando basurales a cielo abierto y, como consecuencia de ello, la presencia de fuertes olores, roedores y otras plagas”. También advierte que “existen en el barrio gran cantidad de desagües cloacales precariamente realizados con partes expuestas donde se verifica la existencia de aguas servidas y, como consecuencia de ello, la generación de fuertes olores. A su vez, muchos de los pozos sépticos se encuentran tapados en forma precaria con chapas y/o maderas, pero otra gran parte se encuentran exhibidos y a la vista de los transeúntes quienes están en contacto directo con las aguas servidas”.

Ante esta situación, el fallo ordena al Municipio de Tigre que, en no más de 60 días, garantice la limpieza y fumigación de calles interiores y espacios donde haya residuos sólidos urbanos. Y que implemente, en no más de 120 días, un sistema de recolección periódico de residuos sólidos urbanos que evite la acumulación de basura, además de poner en marcha un programa para promover la participación de los vecinos en la manutención de la limpieza. A la Provincia, en tanto, le ordena la limpieza de los residuos sólidos urbanos arrojados al río en la costa del Río Luján y del Canal San Fernando, en las adyacencias costeras del Barrio Garrote, en no más de 60 días. Asimismo obliga a la limpieza de pozos y cámaras sépticas.

rsz_garrote_3Tanto a la Provincia como a Tigre les ordena, en un plazo no mayor a 120 días, la limpieza y el mejoramiento de la infraestructura precaria de pozos y cámaras sépticas, generando un mecanismo de desagüe adecuado. Ambas instancias gubernamentales deberán además, dentro de los próximos 120 días, asegurar que la provisión de agua potable cumpla con los estándares normativos de calidad.

Un Garrote contra los countries

En abril, tal como informó El Argentino ZN, una medida judicial en el marco de esta misma causa ya había intervenido a favor de los vecinos de Garrote. Por entonces, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín ordenó a la desarrolladora inmobiliaria TGLT SA la entrega de estudios técnicos de la construcción del emprendimiento náutico Venice, lindante con el barrio y amenazando con potenciar las inundaciones que ya sufre.

La intervención del CELS en el caso que involucra a Garrote y a Venice se dio ante la preocupación de los vecinos porque los rellenos y obras del country que la compañía TGLT promociona como “ciudad navegable” ponían en riesgo la habitabilidad del barrio. Este emprendimiento, además, está abarcado por otra causa, en la que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó a la jueza Sandra Arroyo Salgado que paralice todas las obras en la zona del río Luján y el Delta del Paraná, por considerar probado que “no sólo han afectado al medio ambiente, sino que han producido graves estragos y, consecuentemente, incalculables daños a la propiedad pública y privada, provocando también la pérdida de vidas humanas”.

Cuatro meses después de haber presentado el dictamen y ante la inacción de Arroyo Salgado, Domínguez aportó en los últimos días nuevas pruebas al expediente: resoluciones de la Defensoría del Pueblo de la Nación, ordenanzas municipales y un informe de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA. El trabajo de la Defensoría señala que el relleno de humedales “implica un tipo de agresión al medio ambiente, a la naturaleza y a la vida humana”. El informe de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, en tanto, advierte que “las llanuras de inundación y los humedales fueron progresivamente ocupados por desarrollos inmobiliarios suntuosos, generando el estrangulamiento y taponamiento de los cauces principales”.

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