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Un grupo de la UOCRA interrumpió la audiencia con gritos y abucheos.

Gritos, abucheos, cruces acalorados y desalojo en la sala. La audiencia pública que se realizó ayer durante más de cinco horas en Tigre, para evaluar los impactos del mega-emprendimiento inmobiliario “Remeros Beach” que pretende construirse en Rincón de Milberg, se convirtió por momentos en una batalla. Es que la intervención de los oradores que se pronunciaban en contra del proyecto urbanístico privado fue constantemente interrumpida por un grupo de representantes del sindicato de la construcción, UOCRA, que fueron a apoyar el mega-emprendimiento. Y un dato llamativo: casi no hubo presencia de representantes de organismos provinciales y de servicios públicos, que debían presidir el debate.

La audiencia comenzó pasadas las 15.30 en el Museo de la Reconquista. El primero en exponer fue un representante de la empresa Vizora Desarrollos Inmobiliarios, una división financiera del Banco Macro, propiedad de la familia Brito. El desarrollador habló de las supuestas consecuencias positivas del emprendimiento de 170.000 m2 de superficie cubierta, con una laguna artificial y capacidad para unos 7600 habitantes en torres de 22 pisos, y que está próximo a desarrollarse en una superficie de terreno de 18 hectáreas, entre el canal y el Camino de los Remeros. “Es un proyecto que compromete a la comunidad a largo plazo”, aseguró. Y dijo que también permitirá dar trabajo e instalar servicios de gas, luz y cloacas a los barrios de los alrededores. Su intervención, que duró 15 minutos, fue aplaudida fuertemente por el numeroso grupo de la UOCRA.

Valentín Palma Callamullo, del Movimiento en defensa de la Pacha.
Valentín Palma Callamullo, del Movimiento en defensa de la Pacha.

El conflicto comenzó después, durante la exposición del ambientalista isleño Martín Nunziata, quien arremetió contra el proyecto por las implicancias “negativas” de seguir construyendo sobre humedales. Abucheos, silbidos y gritos de “¡Queremos trabajar!”, que fueron respondidos por otros integrantes del público: “¡Se están poniendo del lado del patrón!”, “¡Nos están haciendo enfrentar a pobres contra pobres!”.

Fernando del Giúdice, ambientalista isleño, también apuntó contra el proyecto. Para eso, se subió al escenario y desplegó un afiche con una cronología de “irregularidades” que el municipio de Tigre llevó adelante desde el año pasado, cuando comenzó a dar curso al mega-emprendimiento, en medio de las fuertes críticas por las inundaciones en los barrios periféricos a los grandes barrios privados. Y destacó cómo comenzaron los movimientos de los suelos y la venta de los lotes antes de que el proyecto haya sido aprobado. “Y lo peor, se trata de un trámite absolutamente ilegal, porque no fue firmado por ningún profesional habilitado en temas ambientales. Por lo tanto, esta audiencia es nula”, sentenció. De nuevo, se cruzaron los aplausos con los abucheos.

“Voy a hablar como vecina. Trabajé durante años en la Escuela 19, ubicada en calle Isleños, en Rincón. Limitaba con el barrio privado El Amanecer, donde levantaron el terreno perjudicando a los barrios periféricos. La escuela durante años se inundó. La portera que vivía enfrente tenía siempre hasta un metro de agua en su casa. Tanto se insistió pidiendo una solución, que levantaron el patio de la escuela, en detrimento aún más de los vecinos de enfrente. Esto siempre pasa. Con Nordelta dijeron también que iba a beneficiar a toda la comunidad. Hasta el día de hoy tengo compañeras que viven cerca, que también son trabajadoras, que reciben al aguatero porque no tienen agua en sus casas”, contó Gladys Andrade.

pintos
La geóloga Patricia Pintos.

La geógrafa e investigadora Patricia Pintos, una de las principales denunciantes de las problemáticas que acarrea la construcción de barrios privados sobre humedales, también expuso contra el proyecto. “Se ha incurrido en inexactitudes de variados tipos en este proyecto. Pero lo más llamativo es que la palabra humedales es un gran ausente. En todo el expediente no se encuentra en ningún lado. Parece que lo que no se nombra no existe. Pero existen, y son bienes comunes urbanos. Nos perteneces a todos y, cuando se alteran, se perjudica la sociedad toda”, señaló.

Beatriz Duta, otra vecina, agregó su preocupación por el emprendimiento. “Yo entiendo que la gente quiere trabajar. Pero que sea a través de urbanizaciones para todos, no sólo para algunos. No quiero vivir más en la Edad Media, sin luz, sin gas, sin agua, mientras se benefician unos pocos”.

“Entiendo la realidad de los compañeros laburantes que quieren trabajar. Pero yo le pediría al municipio que explique qué hizo con la guita no ejecutada en 2015 para obras que iban a dar trabajo. Las destinó a publicidad. Eso podría haberles dado trabajo a ustedes y muchos otros”, recalcó otra vecina llamada Lucía. Y volvieron los chiflidos. Y los gritos.

“¡Desaloje, presidente!”, se escuchó por ahí. “¿Me echás?”, disparó otro.

El bullicio y el cruce de acusaciones llevó al presidente a pedir a los integrantes de la UOCRA que se retiraran de la sala. Las idas y vueltas de gritos llevaron casi 20 minutos, hasta que finalmente varios miembros del sindicato fueron desalojados.

Beatriz Duta, vecina: "No quiero vivir más en la Edad Media".
Beatriz Duta, vecina: “No quiero vivir más en la Edad Media”.

“Nos quieren poner en una falsa disyuntiva con compañeros de la construcción. Muchos compañeros changarines de la construcción se inundan por culpa de los barrios privados”, disparó por su parte el concejal del FPV Federico Ugo, que participó de la audiencia como orador. Y agregó: “No nos comemos el verso del progreso. El progreso sucede cuando es para toda la comunidad, no para unos pocos. Esto es un negocio”.

“Estamos de acuerdo con el trabajo que reclaman los compañeros: hay cientos de casas para hacer en Las Tunas. Pero no queremos más mega barrios privados, que reproducen un modelo que poco tiene que ver con la cultura de los tigrenses”, agregó por su parte Javier, otro vecino de Dique Luján. Y resaltó un dato ya conocido, pero no por eso menos revelador: el 50% de Tigre continental está ocupado por barrios privados donde vive solamente el 10% de la población.

“Voy a hablar como indio y como vecino. La comunidad querandí, nuestros ancestros, fueron desaparecidos por los barrios privados. Los desarrolladores vienen a destruir los territorios”, agregó por su parte Valentín Palma Callamullo, del Movimiento en defensa de la Pacha. Y denunció que los estudios que utilizan las empresas para decir que no hay registros arqueológicos en las tierras donde construyen son pagados por las mismas compañías, y luego tenidos como válidos por el municipio para aprobar la construcción de los barrios privados.

Pero también hubo vecinos que asistieron a la audiencia a dar su voz a favor del mega barrio privado. El argumento casi unificado, una vez más, fue la generación de nuevos puestos de trabajo. Diego Orofino, por ejemplo, dijo estar convencido de que se trataba de un gran “proyecto económico y cultural” para Tigre. Lo que generó algunos murmullos en la sala. “¿Proyecto cultural?”, se burló uno. Otro agregó: “¡Cultura extranjerizante!”. Y un asistente de la UOCRA lo defendió: “¡Se refiere a cultura del trabajo!”.

Las ausencias

La audiencia, que duró casi hasta las 21, tuvo varias ausencias: faltaron cinco de los ocho representantes de organismos bonaerenses o de servicios públicos invitados. Entre los que sí asistieron a la cita estuvieron un funcionario de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA), otro de EDENOR y un tercero de Gas Natural Frenosa. En cambio, no asistieron los representantes de Aysa, ni del Comité de la Cuenca del Río Reconquista, ni de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, ni del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). También permaneció vacía la silla reservada para el representante del Juzgado Federal 1. 

Sillas vacías. 5 de los 8 representantes de organismos provinciales pegaron el faltazo.
Sillas vacías. 5 de los 8 representantes de organismos provinciales pegaron el faltazo.

La no participación de la Provincia fue, por caso, uno de los puntos más cuestionados de la audiencia, sobre todo porque las autoridades bonaerenses no aprobaron la modificación del Código de Zonificación que realizó el municipio mediante decreto. Una medida que le otorga a la empresa desarrolladora la factibilidad del uso del suelo, a instancias de permitir el avance de “Remeros Beach”.

La audiencia tuvo 187 oradores inscriptos y, aunque no todos estuvieron presentes, la gran cantidad de anotados demandó un debate de casi seis horas. Por ahora, queda la incógnita acerca de cuál será el resultado de su evaluación. Y el destino de los vecinos de Tigre que vienen luchando contra el avance desmedido de barrios privados en la zona.

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