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El predio en disputa. Foto: Facebook Fundación Grupo Educativo María de Guadalupe.

Entre la avenida Constituyentes, el Arroyo Las Tunas y la papelera Santa Ángela, en el barrio tigrense de Las Tunas, hay un predio en disputa. En el mismo terreno tienen su casa seis familias de bajos recursos, algunas con más de dos décadas en el lugar, y la escuela María de Guadalupe, una institución católica que depende de la fundación del mismo nombre. Los vecinos reclaman que se respeten sus derechos a una vivienda digna. La escuela pretende ampliar sus instalaciones en ese espacio; denuncia que hay familias que llegaron en los últimos meses y sólo reconoce a las más antiguas. En el medio, derechos habitacionales vulnerados, el fantasma del desalojo y una tendencia que preocupa.

Gladys Almada llegó a ese terreno hace 27 años, “cuando era tierra de nadie”. Vive con su marido y cuatro hijos. Su casa es de ladrillo hueco. “Ellos actúan por las malas. Nos encierran con tierra, cuando llueve nos inundamos, vienen con máquinas a romper los tejidos, vamos a hacer la denuncia pero la policía los cubre a ellos. Tienen muchas influencias”, dijo sobre la situación que enfrenta a los vecinos con la fundación. Cada vez que aparecen las máquinas para remover tierra, Gladys falta a su trabajo como empleada doméstica. Tiene miedo que rompan su casa. “Nosotros le cedimos el lugar para el portón y ahora nos dejaron acorralados, estamos rodeados de escombros, basura, montones de tierra. Hace poco vinieron y rompieron todo el tejido alrededor de mi parcela”, denunció la mujer.

La zona donde están las viviendas, inundada.
La zona donde están las viviendas, inundada.

Según el relato de los vecinos, la escuela y fundación María de Guadalupe pretende correrlos por la fuerza. Las autoridades de la institución dan otra versión. “El terreno lo compramos, es nuestro. Hay gente que vive hace mucho con la cual tenemos una relación muy fluida y esperamos acordar para usar este lugar para lo que hemos pensado, para los chicos del barrio, y poder resolver la situación habitacional. Pero hay otra gente que se ha instalado hace un mes o dos, que no tiene ningún derecho. Hicimos las denuncias y estamos trabajando con policía y fiscalía para defender nuestros derechos”, explicó Juan Salas, director ejecutivo de la fundación María de Guadalupe.

El abogado de las familias, Pablo Castelo, aclaró que hay dos expedientes iniciados por parte de los vecinos: una medida cautelar contra los avances de la escuela en el predio, que tuvo resultado favorable, y un juicio de nulidad de acto jurídico contra quien entregó el predio a la fundación. “Con la cautelar, el juez dijo que la escuela tenía que volver a poner los alambrados de las casas como estaban antes y arreglar los drenajes de agua porque se estaban inundando. La sentencia fue con aplicación de multas de 800 pesos diarios si no cumplían”, informó el letrado. En los últimos días, el abogado de la institución presentó un escrito diciendo que ya se habían realizado los arreglos, pero según Castelo no se completaron.

“Esta gente cuando viene trae tractores, tira tierra sobre la casa. No estamos ajenos a llegar a un buen arreglo, pero ellos no quieren. Nos amenazaron que iban  a venir con policías. Nos decían que si no nos llenaban de tierra nos iban a llenar de agua, porque el desagüe viene para nuestro lado y nos inundamos. El Municipio vino con bombas una vez a ayudarnos y los insultaron porque les arruinaban el césped”, relató Deysi Castillo, una de las vecinas en conflicto. “Yo estoy hace un año y cuatro meses, pero le compré a gente que está hace más de 25 años y tiene posesión de terreno”, aseguró la mujer, de 26 años, con hijos de cuatro y seis.

Foto: Facebook Fundación Grupo Educativo María de Guadalupe.
Foto: Facebook Fundación Grupo Educativo María de Guadalupe.

El colegio, en tanto, se inauguró en 2012 con un acto al que asistieron el gobernador y el intendente de entonces, Daniel Scioli y Sergio Massa respectivamente, así como autoridades del ámbito educativo y empresarios que apadrinaban el proyecto. Este año abrió la secundaria, aunque aún no tiene edificio propio. Según informó Salas, director ejecutivo de la fundación, el terreno en disputa “no tiene relación” con la construcción de un edificio para la secundaria. En ese espacio funcionaría una cancha, entre otras cosas. “Estamos educando en valores a 400 chicos, no tendría sentido que nos comportáramos de forma poco ética con los vecinos –sostuvo Salas- A veces hacés una obra y queda tierra, hay discusiones de vecinos por un cerco, pero no pasa de eso. Me parece importante distinguir las dos situaciones: los que están hace años y los que pusieron tres casas que no existían a principios de año. Eso no es admisible para nosotros”.

La versión de la escuela es la que predomina entre el resto de los vecinos. “Hoy somos muy mal vistos por la gente del barrio, porque el 99 por ciento las mamás traen a los chicos de Las Tunas al colegio y les cuentan su versión, no saben la nuestra.  Los alumnos se la pasan jugando porque no tienen aulas y supuestamente somos los culpables de eso”, planteó Gladys Almada, con más de un cuarto de siglo en el lugar. Para contar su mirada sobre los hechos, las seis familias del predio en disputa preparan una carta para repartir entre los padres del colegio.

 

Dudas sobre la compra del terreno y casos que se repiten

Además de la cautelar que instó a la fundación a reparar los daños causados en las viviendas, el otro expediente en curso iniciado por los vecinos es un juicio por nulidad de acto jurídico, que continúa en curso. “Estas diez hectáreas pegadas a la papelera Santa Ángela eran de un señor que las compró por remate. El lugar estuvo abandonado por mucho tiempo y hubo gente que empezó a vivir. En 2012 aproximadamente estas familias se enteran que el predio había sido adquirido por Elio Brozzoni (de la papelera Santa Ángela) por usucapión (el derecho que da la ocupación durante determinado tiempo). Él lo cede o vende a la fundación. La gente tiene la posesión desde hace 20 años pero fue intervenida por el título de Brozzoni en forma extraña o curiosa. ¿Cómo puede decir que ocupó el predio si había otra gente viviendo ahí? De alguna manera él se las arregló para adquirir esa tierra a través de ese juicio. Por eso iniciamos el juicio para anular el acto jurídico de Brozzoni de adquisición por usucapión”, indicó el letrado Pablo Castelo.

Por su parte, el concejal Federico Ugo, del Frente para la Victoria, se acercó a las familias en conflicto y advirtió sobre la cantidad creciente de casos con características semejantes en el distrito. “Apareció otro lugar con una situación parecida en Las Tunas, a 200 metros. Hay un proceso de desalojo a una familia en Pacheco, otro en Carupá. Hubo un caso en Benavídez que logramos frenar”, enumeró. Y agregó: “Están apareciendo situaciones que parecen conflictos entre privados pero donde los factores comunes son que hay familias pobres ocupando hace tiempo y con legitimidad, contra un sector de poder adquisitivo más alto con menos legitimidad pero con más legalidad a favor. Hay diferencia en el trato con la justicia, el de mayor poder adquisitivo tiene más facilidad para ir a catastro, resolver un trámite”, comparó. “Hay una cosa que está apareciendo en Tigre -no sé en el resto de la provincia- y está vinculada a la cuestión de los negocios inmobiliarios. Más allá de que en este caso es un colegio privado y no es lo mismo que hacer torres, en todos los casos hay alguien que ocupó pacíficamente hace años y de un día para otro aparece un actor más poderoso que lo quiere correr y la justicia juega a su favor. Se va construyendo una lógica claramente en la justicia y también a nivel municipal”, concluyó el edil.

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