Violencia de género: denuncian desmantelamiento de políticas públicas

Violencia de género: denuncian desmantelamiento de políticas públicas

La Colectiva Feminista Mala Junta lanza una campaña en Vicente López y asegura que, mientras crece el número de denunciantes, el municipio bajó de 35 a 8 a cantidad de profesionales dedicados a esta problemática. Un horario de atención telefónica reducido y la ausencia de un hogar de abrigo para las víctimas.

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“Vivas nos queremos. Tenemos derecho a una vida sin violencia”. Bajo este mensaje, se lanza hoy una campaña contra las violencias hacia las mujeres en Vicente López, que lleva adelante la Colectiva Feminista Mala Junta, una nueva organización que brega por los derechos de las mujeres en el distrito.

Se trata de una Colectiva que depende del Movimiento Popular Patria Grande, y que a través de esta campaña pretende “visibilizar la falta de políticas públicas que busquen prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres en el municipio”. Desde hoy y durante al menos dos semanas juntarán firmas en distintos puntos públicos del distrito, con la idea de articular junto a otras organizaciones del municipio la presentación de un proyecto de ordenanza para la creación de un hogar de refugio para las mujeres víctimas de violencia.

“A pesar de la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, sancionada en el 2008, y la masiva movilización realizada el año pasado bajo la consigna ‘Ni Una Menos’, Vicente López no cuenta con una batería de políticas públicas que permitan dar respuesta a una problemática que aumenta año a año”, señalaron desde la organización política.

Y recalcaron los últimos datos oficiales publicados son de 2012, año en el que unas 767 mujeres entre 22 y 65 años se acercaron al Centro de la Mujer, que depende del municipio, a solicitar asesoría y acompañamiento. “Este centro cuenta con sólo 8 personas, razón por la cual es frecuente tener espera en los turnos de atención psicológica”, señaló Erica Porris, referente local de la Campaña. Y aseguró que, cuando asumió el intendente en 2005, el Centro de la Mujer tenía 35 trabajadores y trabajadoras. “Hacen lo que pueden porque no dan abasto. Es un grupo de profesionales que trabajan muy bien, pero son muy pocos. Eso demuestra que las políticas de la gestión son más bien tendientes a desmantelar las áreas públicas que atienden estas demandas”, agregó.

Desde la Colectiva también resaltaron como “alarmante” el hecho de que la línea de atención 0-800-444-MUJER (68537) sólo atiende de 8 a 18. “Es decir que fuera de ese horario el Municipio de Vicente López no brinda ayuda”, se quejaron.

En efecto, a pocos días de la masiva movilización “Ni una menos”, ocurrida el 3 de junio del año pasado, desde el Centro de la Mujer aseguraron a este diario -cuando todavía no era autogestionado por sus trabajadores y trabajadoras- que las consultas se habían incrementado notoriamente y que no estaban “dando abasto”. Pero el horario de atención continúa, hasta el día de hoy, siendo el mismo.

De ahí la iniciativa que lanza la Colectiva Mala Junta, con el fin de “exigir mayor presupuesto para políticas públicas que permitan dar cumplimiento al derecho de una vida libre de violencias y en concreto, la entrega de una ayuda económica para las mujeres y la apertura de un hogar abrigo”. Vicente López, por caso, tampoco cuenta todavía con un hogar de abrigo para las mujeres víctima de violencia que necesitan alejarse de su hogar.

La primera parte de la campaña estará orientada a juntar firmas de los y las vecinas que quieran acompañar la demanda y la realización de dos talleres en donde se trabaje los tipos de violencia y los recursos existentes ante un caso de violencia.

El trabajo y articulación de organizaciones trabajan contra las violencias hacia las mujeres viene pisando fuerte en Vicente López, sobre todo desde la marcha de “Ni una menos”. El año pasado, por caso, por iniciativa del concejal del FPV Joaquín Noya, se elaboró un proyecto para que las trabajadoras municipales puedan tener una licencia específica en caso de ser víctimas de violencia de género. La iniciativa fue acompañada por concejales de diferentes fuerzas políticas, además de referentes feministas y de sindicatos municipales.

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