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Poco acostumbrados a recibir malas noticias, los desarrolladores de emprendimientos inmobiliarios y barrios privados se toparon con tres en el último mes. La primera, cuando el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó a la jueza Sandra Arroyo Salgado que paralice todas las obras en la zona del río Luján y el Delta del Paraná, por considerar probado que “no sólo han afectado al medio ambiente, sino que han producido graves estragos y, consecuentemente, incalculables daños a la propiedad pública y privada, provocando también la pérdida de vidas humanas”.

Otra de las malas noticias para grandes compañías inmobiliarias llegó desde el Municipio de Escobar, que suspendió los permisos de obra para Puertos, El Cantón, San Matías, El Naudir y El Cazal, hasta tanto regularicen sus situaciones y se comprometan a realizar obras que beneficien a los vecinos que viven por fuera de los muros. Una tercera noticia, que pasó casi desapercibida, fue que la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín ordenó a la desarrolladora inmobiliaria TGLT SA la entrega de estudios técnicos de la construcción del barrio náutico Venice, un polémico mega-emprendimiento en Tigre que además está afectado por el planteo del fiscal Domínguez.

Reclamo contra los countriesEl fallo de la Cámara de San Martín llegó a partir de una acción judicial patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que reclama desde hace casi dos años la urbanización e integración sociourbana del barrio Garrote, lindero al suntuoso Venice. “Ya teníamos experiencia con el caso de Nordelta sobre cómo las construcciones afectaban a barrios más pobres como Las Tunas, por lo que en el caso de Venice pedimos información al Municipio y al Concejo Deliberante para saber cuál era el estado de la obra. Teníamos dudas sobre las consecuencias para Garrote y ante la falta de información pedimos informes técnicos”, explicó a este diario Santiago Sánchez, abogado del CELS. “Presentamos el pedido de informes a mediados de 2014 y en octubre de ese año el juez de primera instancia nos dio la razón y dictó una cautelar por la cual la empresa, el Municipio y la Provincia tenían que entregar informes técnicos sobre la construcción de Venice, de impacto ambiental e hidráulicos. El Municipio y la Provincia los entregaron y los estamos terminando de analizar. Después de casi un año y medio, la Cámara confirmó la obligación de TGLT”, resaltó Sánchez.

“Garrote es un litigio estratégico importante para nosotros, porque lo que está en juego es la aplicación de la Ley de Hábitat”, destacó Eduardo Reese, director del área de Derechos Económicos y Sociales del CELS. La ley provincial 14.449 de acceso justo al hábitat, sancionada en 2012 y reglamentada a fines de 2013, establece el derecho a la vivienda y a un hábitat digno para todos los ciudadanos, en especial aquellos en situación de pobreza, y entre otras cosas obliga a los grandes emprendimientos inmobiliarios a ceder el diez por ciento del valor total del terreno para la realización de planes de vivienda social.”Intentamos visibilizar los conflictos que hay entre las formas de urbanización populares y las de los sectores altos, que se expresan en el corredor Norte con los contrastes más duros. Esto permite visibilizar que están pasando cosas que expresan un conflicto con las formas de urbanización  que generan efectos de segregación complicados. Visibilizar que hay dos modelos que están cada vez más en pugna y hace falta un Estado que regule”, enfatizó Reese en diálogo con EAZN.

En el caso de Venice, la intervención del CELS se dio ante la preocupación de los vecinos de Garrote -unas 800 familias- porque los rellenos y obras del country que la compañía TGLT promociona como “ciudad navegable” ponían en riesgo la habitabilidad del barrio, con viviendas precarias y sin servicios básicos, donde ya se sufre la invasión del agua en las casas y calles ante cada tormenta. Ahora, la empresa desarrolladora de la Venecia tigrense deberá presentar los informes que permitirán conocer cuáles serán las consecuencias de su avance inmobiliario sobre el entorno.

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